El Tribunal Superior de Justicia sostiene la aplicación preferente del plazo de un mes, amparándose en el artículo que prevé que los actos resultantes de la ejecución de la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa deben ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias la cuestión radicaba en determinar si el plazo que tenía la Administración para dictar una nueva liquidación, que había sido anulada por una resolución del TEAR de Asturias, era el de seis meses o el de un mes.
El Tribunal justifica su criterio con los siguientes argumentos:
- El principio de seguridad jurídica implica que las actuaciones administrativas sujetas a derecho se lleven a cabo de manera en el menor tiempo posible dando estabilidad a las situaciones jurídicas
- El acto material de la ejecución consiste en aplicar un nuevo tipo impositivo sin ninguna operación jurídica o material adicional actuación esta que no existe mayor plazo que el de un mes
- Tras la reforma operada en la Ley General Tributaria, el plazo ahora sería el de un mes.
El Tribunal Superior de Justicia se aparta del criterio del Tribunal Supremo, que ha dictado algunas relevantes sentencias relativas a este asunto, razón por la cual el Tribunal dedica parte de su sentencia a justificar su criterio. En particular, señala que las resoluciones del Tribunal Supremo fueron dictadas en procedimientos en los que se discutía si el plazo aplicable para la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos era de 6 meses o, por el contrario, la Inspección disponía del plazo de prescripción para ejecutar dicha resolución. A este respecto, el Tribunal Supremo había manifestado que el plazo aplicable es de 6 meses ya que se trata de un plazo especial máximo de ejecución.
Javier Prieto
Socio de Fiscal de Araoz & Rueda
Jéssica Cano
Asociada Senior de Fiscal de Araoz & Rueda
Elly Wang
Asociada Junior de Fiscal de Araoz & Rueda