Desde la aprobación en el año 2022 de la Agenda energética de Galicia 2030, la hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la región, el Gobierno gallego ha centrado sus esfuerzos en impulsar la modernización y el crecimiento sostenible de todos los sectores estratégicos de Galicia.
Dentro de este nuevo escenario, los recursos naturales pasan a ser un factor clave para el crecimiento sostenible e inclusivo, pero la cantidad de recursos naturales que pueden emplearse es limitada, por lo que es especialmente relevante que, cuando la sociedad asigna una parte de ellos a un determinado proyecto, se obtenga a su vez un retorno social adecuado.
Por esta razón, el pasado 7 de noviembre de 2024 se aprobó la Ley 2/2024, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia (DOG nº 217, de 11 de noviembre de 2024), en virtud de la cual se impulsa el desarrollo racional y sostenible del territorio de Galicia.
Dentro de este paquete de medidas, es especialmente relevante, por vanguardista, el referido a los créditos de carbono, pues se crea y configura el Sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta de Galicia, siendo la Comunidad gallega la primera de todo el territorio nacional en establecer un mercado voluntario de emisiones de CO2.
Mercado de carbono regulado (ETS)
Los sistemas de comercio de emisiones son instrumentos de mercado establecidos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en los que un regulador define un límite superior (techo) de emisiones de GEI y los derechos de emisión se distribuyen entre los sectores de actividad cubiertos, normalmente de forma gratuita o mediante subastas, por la cantidad de emisiones equivalente al tope. Al final de cada periodo definido en el sistema, los participantes incluidos en el mismo (instalaciones, operadores aéreos, individuos, etc.) deben entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones durante dicho periodo.
El primer ETS fue establecido por la Unión Europea en 2005 (EU ETS) y desde entonces se han expandido. Actualmente, hay 34 sistemas ETS en jurisdicciones que representan más del 55 % del PIB global y un tercio de la población y cubren el 17 % de las emisiones anuales globales.
Mercados voluntarios
Los mercados voluntarios de carbono responden a una elección particular y voluntaria de los gobiernos, empresas o individuos que pueden vender o adquirir lo que se conoce como “créditos de carbono”. Se trata de un instrumento transferible, certificado por gobiernos o entidades privadas, que representa una tonelada equivalente de dióxido de carbono (tCO2e) que un proyecto bien evita/reduce frente a una línea de base (como promoción de las energías renovables) o bien absorbe del ya presente en la atmósfera (mediante las actividades de captura y almacenamiento de carbono).
Para que un proyecto genere créditos deberá certificarse con un estándar reconocido que asegure su calidad y evite la doble contabilidad[1]. Una vez emitidos pueden pasar por varios intermediarios antes de retirarse definitivamente del mercado por el comprador final.
Sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta de Galicia: primera CCAA en crear un mercado secundario autonómico de EUAs.
Este sistema facilitará las relaciones entre los agentes que voluntariamente deseen vender los créditos de carbono generados a través del desarrollo de sus proyectos y aquellos que deseen adquirir o utilizar los créditos de carbono para la compensación de sus emisiones derivadas de otras actuaciones.
¿Cómo funciona?
A los proyectos y actividades que permitan reducir la emisión de GAI o absorber carbono de la atmósfera y formen parte del sistema creado se les asignará un valor en créditos de carbono por el valor correspondiente a las toneladas equivalentes de CO2 reducidas, absorbidas y almacenadas, derivadas de dichas actuaciones. Así, el Sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta de Galicia servirá de nexo entre:
- Los operadores que deseen vender los créditos de carbono generados mediante el desarrollo de sus proyectos y actividades; y,
- Los compensadores que deseen adquirir o utilizar créditos de carbono para compensar sus emisiones de otras actuaciones.
La operación de este Sistema se desarrollará reglamentariamente mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia.
Los proyectos susceptibles de ser incorporados al Sistema serán aquellos que promuevan las actividades de la absorción de carbono o reducción de la emisión de GEI y para los cuales puedan cuantificarse los créditos de carbono mediante metodologías[2] aprobadas en el marco de este sistema.
Los proyectos de carbono estarán sujetos a un proceso de auditoría de certificación inicial realizada por un organismo certificador debidamente acreditado, de conformidad con el desarrollo reglamentario de la Ley.
Las transacciones se establecerán a través de una plataforma de intercambio que contemple, entre otra información, la relativa a los proyectos de absorción y los créditos generados y emitidos, así como el rastreo de los créditos de carbono que garantice la transparencia del mercado y evite los riesgos de doble contabilidad.
Aunque todavía está pendiente de desarrollo reglamentario (actualmente en tramitación y cuya aprobación está prevista para el primer trimestre de este año), Galicia se posiciona como la primera CCAA que ha creado su propio mercado voluntario de créditos de carbono, fomentando así que los promotores de proyectos que se desarrollen en la región tengan muy presente el objetivo de reducir los GEI.
El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de su capacidad para establecer un marco regulatorio robusto que garantice la transparencia, evite la doble contabilidad y asegure la calidad de los créditos de carbono generados. Además, será crucial fomentar la participación activa de los sectores público y privado para maximizar el impacto positivo de este sistema en la economía regional y en la lucha contra el cambio climático. La verdadera prueba de este innovador enfoque será su capacidad para generar un retorno social y económico tangible, equilibrando el desarrollo económico con la protección ambiental y la equidad intergeneracional.
[1] La doble contabilidad responde a evitar que los créditos usados para un proyecto se contabilicen dos veces: de forma privada y de forma pública por el país en el que se llevan a cabo.
[2] Se aprobarán mediante desarrollo reglamentario y serán propuestas y aprobadas por el Comité técnico del Sistmea voluntario de créditos de carbono.
Artículo publicado en El Periódico de la Energía.
Por Sara Garrido
Asociada – Dpto. Energía y Regulatorio
