En noviembre de 2024, la tercera edición del Índice de Cumplimiento de Laudos de arbitrajes de inversiones (ISDS) puso de manifiesto una incómoda realidad que ocupa pocas portadas. España es el país líder en el número de laudos arbitrales impagados, por delante de países como Venezuela y Rusia, elevando el número de laudos impagados con respecto al anterior informe de 15 a 24, y ocupa el tercer puesto en el listado de países deudores con una deuda estimada en 1.600 millones de euros, que se ven incrementados día a día por los intereses de demora, y al que se deben de sumar otros costes derivados de los procedimientos. A fecha de publicación del informe, España acumulaba un total de 52 demandas de arbitraje de inversión basadas en el Tratado de la Carta de la Energía.
Esta alta cifra de procedimientos arbitrales tiene su origen en las reformas legislativas en el sector eléctrico aprobadas en 2013 y 2014 por el estado español, que conllevaron un cambio y reducción sustancial de la remuneración y primas de las instalaciones renovables reguladas inicialmente en el Real Decreto 661/2007.
Ante esta situación, la estrategia de la Abogacía del Estado es agotar todas las vías de defensa posibles en los procedimientos arbitrales y ante tribunales extranjeros, para evitar hacer frente a las cifras millonarias reclamadas por los inversores demandantes. Para ello, cuenta con un aliado en el plano internacional, la Comisión Europea, que a través de la figura del amicus curiae se ha personado en diferentes procedimientos como tercero ajeno la disputa con el objetivo de apoyar a nuestro país. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado determinadas sentencias, como el conocido “caso Achmea” (C-284/16) en las cuales se declara la incompatibilidad del derecho comunitario con cláusulas de sumisión al arbitraje internacional de inversión debido a que impide el control de los tribunales y normativa europeos, una jurisprudencia que respalda la posición de España.
Sin embargo, el respaldo de la Unión Europea no ha sido óbice para que la justicia belga, a través de un fallo emitido por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, siguiendo el ejemplo de países como Reino Unido y Australia, autorizase en junio de 2024 el embargo de activos españoles en particular, de los pagos realizados por la empresa Eurocontrol a Enaire por la gestión del tráfico aéreo.
El éxito también ha rehuido a España en el ámbito de la justicia extracomunitaria estos últimos meses. En diciembre de 2024 el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Estados Unidos) rechazó la defensa presentada por España basada en la inmunidad frente a la ejecución de tres laudos emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por los cuales España adeuda a las mercantiles NextEra Energy Global Holdings B.V., NextEra Energy Spain Holdings B.V., 9REN Holding S.A.R.L. y al fondo Blasket Renewable Investments LLC la cantidad de 358 millones de euros. También hemos sido conocedores en 2024 del último capítulo judicial del conocido como “caso Antín”, en el cual el Tribunal de Apelación de Reino Unido y Gales ha confirmado en octubre de 2024, el laudo emitido en 2018 por el CIADI en favor de las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energía Termosolar B.V, ya avalado previamente por la justicia británica, por el cual se condena al Reino de España a abonar 101 millones de euros a las partes demandantes.
El 16 de diciembre de 2024 el CIADI emitía el laudo del procedimiento abierto entre Itochu Corporation y el Reino de España, pendiente de publicación. Si resulta desfavorable para el Reino de España, pasará a incrementar la creciente deuda del estado español y, aún más importante, las desfavorables estadísticas de impago de un país hambriento de inversión extranjera y preparado para liderar el mercado de las renovables.
Artículo publicado en El Confidencial.
Por Laura Varela
Asociada – Dpto. Mercantil/ Energía
